La Globalización Neoliberal

y el Marco de la Integración Centroamericana.

Carlos G. Aguilar

Durante los últimos años, sobre todo a partir del fracaso de las tentativas de integración a través de los programas de liberalización comercial, financiera y de servicios impulsado por los acuerdos bilaterales de libre comercio y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se ha desarrollado a nivel continental un intenso debate sobre el tema de la integración y el desarrollo en el contexto actual de la globalización neoliberal.

La región centroamericana no ha permanecido al margen, aunque es justo reconocer que la mayor parte de proyectos alternativos al libre comercio, han crecido al calor del debate suramericano a partir del MERCOSUR y de la Comunidad Suramericana de Naciones, en la actualidad. De igual manera, algunos proyectos como el Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) propuesto por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela  y más recientemente los principios de los TCP (tratados de comercio de los pueblos), propuestos por el Gobierno de Bolivia, se han sumado a la elaboración alternativa que recorre el continente.

Las presentes notas pretenden ofrecer un panorama de los principales aspectos que recorren el  debate sobre integración, para señalar en un segundo momento la situación de la región centroamericana en este contexto y finalizar con algunos de los aspectos proposititos que nos parecería útil incluir en la reflexión regional.

1. Perspectivas del Debate sobre Integración y Libre Comercio en América Latina

La región latinoamericana, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, ha vivido un intenso proceso de integración, dirigido por iniciativas y acuerdos que han tenido como base las políticas de libre comercio.  Algunas instancias como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada en correspondencia con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT-48), se constituyeron en pilares fundamentales de la institucionalidad que darían pasó a la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA), a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y en el año 1975, luego de la suscripción del Convenio de Panamá, al Sistema Económica Latinoamericano (SELA).

El Tratado de Montevideo, a inicios de la década de los 80, que da pasó a la formación de la ALADI, marca igualmente un cambio de orientación en el proceso de integración latinoamericano. Nos interesa destacar este aspecto por cuanto se trata del contexto de aplicación de programas de ajuste estructural y planes de estabilización que recorrieron casi toda la región, posteriormente respaldados por las políticas diseñadas en el Consenso de Washington.

Con la aparición de la ALADI, tomó fuerza un esquema integrador basado en la formación de un Área de Preferencias Económicas (sobre todo preferencia arancelaria, acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial). Ya para los acuerdos, conocidos como de segunda generación, a mediados de la década de los ochenta se incluye el tratamiento de temas como transporte e inversiones, aunque el verdadero quiebre habrá de producirse en la siguiente década con los acuerdos de tercera generación.

Para los años 90, el esquema integrador de ALADI apuesta por la creación de zonas de libre comercio de amplia cobertura con plazos determinados, incorporando materias como servicios, inversiones e integración física. Por esta razón, nosotros centraremos el debate a partir de estos hechos, tomando en consideración que para mediados de los noventa se funda la Organización Mundial de Comercio (OMC) y se lanza la iniciativa del ALCA.   

El resultado de estas políticas, ha estado guiado por un proceso de apertura unilateral, basado sobre todo en la desgravación arancelaria y en la apertura de mercados para la inserción internacional de las economías de la región. Efectivamente, durante la década de los noventa el comercio intrarregional sufrió un crecimiento exponencial, sin embargo, el esquema integrador abierto por el desarrollo de políticas neoliberales de liberalización apostó por los mecanismos parciales de carácter subrregional o bilateral, prácticamente abandonando los instrumentos multilaterales que daban contenido a los acuerdos de  formación de la ALADI.

Con esta orientación, a nivel continental se reforzó el camino de los acuerdos de nueva generación, que siguen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se pretendió sustituir el avance de todo proceso de integración por un esquema de libre comercio, cuya base fundamental se encuentra situada en la libre circulación de bienes, servicios e inversiones.

Un estudio promovido por la ALADI, frente a este panorama, alertaba en el 2001 sobre la necesidad de consolidar una institucionalidad más fuerte de carácter regional, sobre la vulnerabilidad económica y su impacto en las estructuras  financieras y macroeconómicas, así como la necesidad de poner énfasis en aspectos de redes de infraestructura y normas armonizadas de transporte, energía y telecomunicaciones. Por último, destacaba: “…la integración puede reforzar (en lugar de atenuar) las disparidades de niveles de desarrollo entre países y regiones, al desencadenar lógicas acumulativas de polarización de las inversiones y al potenciar los efectos de aglomeración.” (Rojas Penso, 2001. p 23)

Lo que algunas instituciones, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), popularizaron en los noventa bajo el criterio de “regionalismo abierto”, centrado en un énfasis exportador tuvo logros parciales y en cambio se desarrolló en consonancia con las reformas económicas y políticas que los programas neoliberales implementaron en toda América Latina[1]. 

Justamente, estas preocupaciones, marcan el más reciente debate sobre la integración regional, luego de que proyectos como el ALCA demostraran su incapacidad de generar acuerdos de negociación de bloques comerciales, sobre todo el MERCOSUR, con los intereses de los Estados Unidos, pero también en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, como los anteriormente firmados con México y Chile.

El primer aspecto critico que podemos destacar parte de la necesidad de situar los actuales procesos de integración, en este sentido fuertemente vinculados con la liberalización financiera y en el marco de políticas destinadas a reducir el papel social de los Estados Nacionales y flexibilizar las legislaciones, sobre todo en materia laboral y ambiental.

El efecto derivado de no partir de estas consideraciones, es justamente la capacidad que algunos centros de desición política y técnica a nivel regional han desarrollado para sustituir los mecanismos de integración por negociaciones bilaterales de libre comercio. Algunos autores, como Salama, caracterizan este proceso como una integración desigual y excluyente, basada en el fortalecimiento de brechas comerciales y el impulso marcado por los capitales especulativos en la región.[2] Efectivamente se trata de hacer pasar los acuerdos de libre comercio por estrategias de integración, o parte de estas estrategias, negando las profundas diferencias que existen entre una lógica y otra.

Sin entrar a detallar cada conjunto de medidas económicas y/o comerciales, Eduardo Gudynas, junto con el equipo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), han desarrollado una caracterización básica que permite discutir las razones de peso por las cuales el actual proceso de integración, de la mano de políticas de libre comercio, estaría conduciendo a una crisis a toda la región latinoamericana. En primer lugar, partiendo de esta evaluación, podríamos destacar las  diferencias entre los acuerdos bilaterales de libre comercio y los procesos de integración, para después advertir sobre las diferencias con procesos regionales de coordinación estatal, políticas puntuales en proyectos de infraestructura (Plan Puebla Panamá (PPP) e Iniciativa en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)) y  compromisos de cooperación  como los alcanzados entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba, en el marco del ALBA y los TCPs[3].

Efectivamente en la mayor parte de estos procesos, la discusión sobre modelos alternativos de integración se hace de manera restringida por el entorno de inserción de las economías nacionales en esquemas de “participación” del mercado globalizado, con escasas políticas de intervención estatal, de fragmentación territorial y social, de exclusión económica, con escasos avances en cambios significativos que permitan pensar  alternativas de desarrollo, de sustentabilidad, de reapropiación de medidas soberanas de control financiero y monetario, sobre la base de una plataforma política común.

El predominio de un modelo basado en acuerdos bilaterales de libre comercio, para la región Centroamericana, a tornado más complicado el desarrollo de la escasa y débil institucionalidad regional y esta terminando de socavar cualquier posibilidad alternativa basada en procesos dinámicos, con espacios efectivamente supranacionales, con canales efectivos y democráticos de acceso a la información y la participación de todos los sectores sociales, acordes con las necesidades y las estrategias regionales, con políticas comunes de producción, infraestructura, inversión, ahorro, control financiero y monetario, así como políticas migratorias, laborales, sustentables y de seguridad para la región.[4]    

2. Discusión actual del proceso de Integración Centroamericana.

Refiriéndose a la década de los 80, y en el contexto centroamericano, Pedro Vuskovic señala: “… la década pasada marca dos importantes hitos. Primero, se dio un proceso de desintegración, caracterizado por la reducción del comercio intraregional, por la atonía en los procesos de cooperación y por la pérdida de liderazgo de las instituciones de integración y por el deterioro de la infraestructura productiva. Segundo, los programas de ajuste estructural (PAE) auspiciados por los organismos financieros externos son fundamento de ésta realidad y proyectan las tendencias desintegradoras al impulsar un modelo aperturista indiscriminado…” (Vuskovic. 1990. p 5)

Fundamentalmente los procesos de negociación de paz en Esquilas y el papel desarrollado por la cooperación externa, sobre todo de base europea, fueron determinantes en la reconstitución del esquema integrador centroamericano sobre todo a través del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y del Sistema de Integración (SICA).

El principal punto de restablecimiento ha sido el proceso de unión aduanera, a través de una relativa uniformidad del arancel externo común en la década de los noventa, roto en diversas circunstancias, entre otras por las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con México, primero realizado por Costa Rica y Nicaragua y posteriormente por Guatemala, Honduras y El Salvador.[5] 

A inicios de los 90, la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa relanzó el proceso de integración desde el SICA y marcó la posterior firma de la Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos (CONCAUSA) y del Diálogo de San José con la Unión Europea, ambos antecedentes importantes para comprender la actual dinámica integradora en la región. Nuevas circunstancias, condicionan este proceso, particularmente la firma del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana con los Estados Unidos (DR-CAFTA), las iniciativas del Plan Puebla Panamá (PPP) y el lanzamiento de futuras negociaciones para un acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Así, señala Guerra-Borges: “En los últimos años la atención oficial se ha orientado a las negociaciones comerciales con otros países latinoamericanos para suscribir tratados de libre comercio, redefinir el tratado comercial con los EEUU y conservar y ampliar la relación privilegiada que se tiene con la UE.” (Guerra-Borges. 1999. p. 140)

Algunas otras características vinculadas con las transformaciones productivas desde un modelo agroexportador hasta la actual combinación de factores basados en la inversión, las remesas, la industria maquiladora, el empleo informal y el papel de la deuda externa, las corporaciones transnacionales en el control de recursos y áreas estratégicas de la región, así como los flujos de cooperación y los cambios en la estructura social, se combinan con problemas estructurales y heredados de la historia centroamericana.

Las medidas neoliberales, desarrolladas sobre todo en la década de los noventa,  han terminado por profundizar los rasgos de exclusión, pobreza, violencia y migración en la región [6]. Un estudio sobre asimetrías económicas, laborales y sociales, destaca: “La Centroamérica que superó los conflictos bélicos, alcanzó la paz y empezó a transitar por los caminos de la democracia, es una subregión que hoy presenta niveles de pobreza muy altos […] El acceso limitado a la educación y a la salud y los problemas de calidad que persisten en el área, muestran una Centroamérica segmentada socialmente y en condiciones que, lejos de dirigirse hacia la sostenibilidad del desarrollo humano, apunta hacia la reproducción intergeneracional de la pobreza.” (Nowalsky. 2001. p. 233)

No debe extrañarnos que algunos autores consideren que el actual proceso debería concentrar el énfasis de la discusión en las asimetrías económicas y sociales presentes en toda la región, así como en los componentes de sustentabilidad y de geografías fragmentadas (Gudynas (b). 2005), contemplando los retos que implica una amplia red de acuerdos bilaterales firmados por los países con terceros o entre ellos. Igualmente los fenómenos migratorios marcan tendencias fuera de los marcos institucionales, así como las inversiones crecientes y las resistencias articuladas desde diversos actores sociales que se organizan regionalmente para desarrollar propuestas de integración desde los pueblos. (Zamora. 2003. pp 18-20)[7]

En el punto que coincide casi la totalidad de estudios es que el proceso más avanzado en la región es el de integración económica, basada en la apertura comercial, lo que a su vez favorece los términos de inserción de las economías regionales en el mercado mundial, de forma que como destaca Caldentey del Pozo: “La integración económica se define, por tanto, como un instrumento de desarrollo económico e inserción en la economía internacional, remarcando así la decisión de evitar los efectos aislacionistas de la experiencia de los sesenta y setenta. Esta es la característica principal de la integración centroamericana de los años noventa: es una integración hacia fuera, que tiene como objetivo primordial ser un medio que colabore eficazmente en la inserción competitiva de Centroamérica en los mercados mundiales.” (Caldentey del Pozo. 1998. p72) 

Según, este mismo autor, el esquema centroamericano seguía los lineamientos básicos del enfoque neoestructuralista cepalino, de regionalismo abierto, lo que de alguna forma lo hacía entrar en contradicciones con el modelo de liberalización propuesto a través de iniciativas como el TLCAN o las políticas propuestas por los Estados Unidos. Si tales previsiones fueran ciertas efectivamente deberían medirse las consecuencias actuales del proceso de negociación del DR-CAFTA y los esfuerzos de Unión Aduanera alcanzados hasta al momento como condición expresa de la Unión Europea para entrar a negociar un Acuerdo de Asociación que además de un Marco de Políticas y Cooperación, incluye un apartado de libre comercio, que sin duda entra a modificar todo el esquema recuperado para la región desde los años noventa. Nadie duda en este sentido, que a la actualidad la región ha dado pasos firmes en materia de consolidación de una zona de libre comercio, a través de acuerdos bilaterales y la negociación de una unión aduanera que al día de hoy esta casi resuelta[8]. En otros aspectos, sobre todo de carácter institucional y político las tendencias actuales dan señales equívocas.

Desde finales de la década de los noventa, los esfuerzos de reforma y reordenamiento de instancias como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, han venido siendo postergados[9], dando paso a una agenda de seguridad y comercial representada por los intereses de los Estados Unidos, de las élites empresariales-exportadores de la región y las corporaciones transnacionales sobre todo de capital europeo. En este sentido preocupa el estrecho marco de debate y discusión sobre la integración centroamericana en la actualidad y una ausencia de proyecto estratégico como región, que redefina el papel comercial en la agenda de prioridades de un proceso de integración mucho más amplio, que sobrepase las bases de las iniciativas de infraestructura contenidas en el Plan Puebla Panamá, que no están colocadas en función de las necesidades de desarrollo, sino de circulación de mercancías y capitales para las operaciones financieras y de inversión corporativa.

Un proceso de integración y desarrollo que exige una discusión profunda con las élites políticas y empresariales que han manejado los países centroamericanos en los últimos años y cuyas propuestas económicas y sociales se muestran hoy totalmente insuficientes para enfrentar los retos que la región exige. Algunos han denominado a estos esfuerzos de modernización excluyente o de “crecimiento sin equidad” (Segundo Informe de Desarrollo Humano. 2004, p 154) Efectivamente, habrá que considerar que esta discusión pasa para redefinir políticas alternativas de desarrollo y una alta participación de los sectores sociales, tradicionalmente excluidos de las decisiones políticas e históricas en Centroamérica[10].

3. Algunas consideraciones para el debate y la reflexión sobre una integración alternativa en la región centroamericana.

La mayor parte de las propuestas alternativas que se formulan en la actualidad sobre el tema de integración y desarrollo tienen como fundamento las discusiones que protagonizan ciertos gobiernos de Suramérica y movimientos sociales con iniciativas como el ALCA y los tratados bilaterales con los Estados Unidos y la Unión Europea. No es casual que en el entorno latinoamericano, y sobre todo referidas al tema de la integración, estas iniciativas hayan sido rechazadas por parte de bloques o proyectos alternativos de cooperación y/o de comercio.

Los más recientes cambios políticos en el sur del continente han generado gobiernos con algunos rasgos de autonomía básica en temas determinantes como las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sobre el tema de la deuda, y con impulsos significativos hacia esquemas de integración que rompen la lógica estricta del libre comercio.[11] Esto significa que varias de estas propuestas incluyen en su programa de integración componentes de derechos humanos y aspectos que abarcan lo productivo, lo cultural, lo social, ciencia, tecnología, educación e investigación. También se destacan rasgos de defensa de soberanía (sin renuncia de la supranacionalidad) y profundización de la democracia, incluyendo aspectos mucho más participativos de parte de los actores sociales de los países[12].

Un aspecto que se discute mucho y comienza a realizarse a través de políticas concretas es el referido a los acuerdos de cooperación Sur-Sur, así como medidas que abarcan posiciones comunes para las negociaciones internacionales sobre todo con Estados Unidos, la OMC y la Unión Europea. En el marco de una posible negociación de un Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, este será un gran reto para la región, que debe ser pensado y debatido sin demora.

Los temas de cooperación, financiamiento, políticas aduaneras, macroeconómicos, incluso de libre comercio, siguen presentes en la agenda, pero la misma se complejiza al incluir otros aspectos como Acuerdos Migratorios y Cartas Sociolaborales.

En este sentido, además de las formulaciones y propuestas surgidas de equipos de trabajo como el CLAES (regionalismo autónomo), algunas iniciativas surgen de espacios como la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que han formulado una Agenda Social del Sur de las Américas. Esta agenda esta basada en una serie de consideraciones que incluyen la necesidad de políticas en materia de participación, servicios financieros,  servicios públicos, educación, salud, empleo, ámbito energético, propiedad intelectual, agricultura, políticas productivas y género[13].

Tomando como punto de partida estas elaboraciones, nos parece urgente que la región Centroamericana profundice y amplié el debate hasta ahora realizado en el Foro Mesoamericano y otras instancias de participación de sectores sociales o institucionales. Frente a la aplicación del DR-CAFTA y los efectos que comienzan a sentirse en sectores productivos importantes del entorno regional (por ejemplo la polémica levantada en Guatemala por el tema del Pollo, o los impactos por la importación de granos básicos), es fundamental considerar la formulación de los TCP, basados en criterios de complementariedad y no de competencia brutal por acceso al mercado de los Estados Unidos o de Europa, efectos que terminan por destruir aún más un proceso profundo de integración en la región.

Sobre la base de principios de complementariedad productiva, sustentabilidad, defensa de la propiedad social y los bienes públicos, así como el fomento de la diversidad cultural y étnica, es posible una discusión distinta en el área, puesta en función de las necesidades de un “desarrollo incluyente”. Estas propuestas suponen por lo tanto el fortalecimiento de los Estados y un debate sobre la supranacionalidad, un marco de integración basado en los derechos humanos y la profundización de la democracia, más allá de la simple realización de torneos electorales, por encima de la lógica mercantil y financiera que predomina en los actuales proyectos de infraestructura y servicios a nivel regional.

Supone una regulación de sectores estratégicos en materia energética, de telecomunicaciones y inversiones por parte de los Estados y bajo control social, así como una ruptura con el actual modelo de agronegocios para empresarios locales o corporaciones transnacionales, en beneficio de políticas que garanticen la soberanía alimentaria. Se trata igualmente de establecer un equilibrio entre los desarrollos del mercado interno y el papel de la inserción en el mercado internacional.

Por otro lado, hoy en día es determinante los avances que un país pueda realizar en materia de investigación, acceso y desarrollo de tecnologías y conocimiento, así como educación. Estos aspectos, muchas veces limitados por políticas negociadas en acuerdos que incluyen medidas lesivas de propiedad intelectual, deben partir del respeto por la creación artística y cultural (y reconocer el derecho a un beneficio –no la mercantilización- como se estipula en la Declaración de DDHH), sin violentar de esta manera los conocimientos tradicionales y el acceso a herramientas determinantes del desarrollo actual de los pueblos.

De esta forma, se trata de pensar y cambiar el rumbo del desarrollo en nuestra región, como un criterio de partida para una integración alternativa. Si nuestros principios siguen siendo procesos productivos fuertemente orientados a la exportación y la inserción en un mercado mundial bajo criterios neoliberales, con iniciativas de financiamiento y cooperación para infraestructura puesta en función de la circulación de capitales y la explotación de la biodiversidad el resultado será un nuevo fracaso en los intentos de desarrollo e integración. La profundización de problemas relacionados con la migración, la violencia, la pobreza, el deterioro ocasionado al medio ambiente, así como los problemas económicos y los retos actuales deberían obligarnos a considerar este cambio urgente en materia social y política.

La región centroamericana necesita poder construir políticas comunes, basadas en las necesidades de su población, tomando en cuenta diferenciaciones de género, generacionales, étnico-culturales y geográfico-ecológicas. Esto supone un cambio profundo de orientación con la lógica actual de negociación de acuerdos que fundamentan sus políticas en medidas de libre comercio y que incluyen temas como agricultura, propiedad intelectual, servicios y compras gubernamentales. No es posible una reactivación productiva, sobre la base de políticas que generan desempleo y fragmentación de áreas completas del entorno social y geográfico.

Tampoco es fácil construir un proceso alternativo, cuando los sectores sociales son estigmatizados y no se reconocen como actores válidos en el proceso de elaboración y construcción de esta integración, cuando se criminaliza la resistencia a los planes neoliberales y se lleva a cabo una serie de medidas represivas y violentas por parte de los ejércitos y policías. El reconocimiento de estos actores supone abrir igualmente el debate sobre temas como deuda externa, corporaciones transnacionales, biodiversidad y políticas de seguridad.

Las políticas que se quieren acordes con este regionalismo autónomo están basadas en la sustentabilidad y como sostiene el mismo Gudynas se refieren al concepto de bioregión, integración en tanto que “articulación ecológica y productiva entre bioregiones.” (Gudynas. 2002. p. 194) Luego suponen la complementariedad como criterio básico y la soberanía y seguridad alimentaria como ejes de una política productiva. El comercio es de esta forma redimensionado en virtud de un proyecto más amplio de desarrollo, basado en criterios de autonomía, fortalecimiento de espacios públicos de participación y decisión, ampliando el espacio de la política y la democracia.

Se trata de un marco de discusión, que no sujeta el desarrollo de la región a las inversiones y privatizaciones, ni a un esquema de inserción internacional que ha demostrado en los últimos años ser la garantía más segura para conservar y profundizar la desintegración del área centroamericana.

Bibliografía

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                (b) “Los fantasmas del la Integración Regional” En Revista del Sur, #166, julio-agosto. Montevideo. 2006.

                 (a)  “Integración blanda, comercio rígido.” En Revista del Sur, #159, enero-marzo. Montevideo. 2005

                 (b)  “Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas” En Revista del Sur, #160, abril-junio. Montevideo. 2005.

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