Sobre gobiernos, carencias y estilos de desarrollo: narrativas y postales del declive.

Distribución porcentual de entrevistados (as) según cuán de acuerdo están con que el gobierno
ha realizado las siguientes acciones. 2007
(n=600)
Acciones	Percepción
	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Total
Ha mejorado las condiciones de salud	7,6	48,4	3,9	35,5	4,7	100,0
Ha mejorado el equipamiento de los hospitales	4,6	31,0	5,5	49,6	9,3	100,0
Ha tenido suficiente control sobre la inflación	6,1	33,8	3,5	47,8	8,7	100,0
Ha impulsado mejores condiciones salariales	3,3	26,9	3,4	54,8	11,6	100,0
Ha ejercido control del gasto público	5,0	35,5	4,6	47,1	7,9	100,0
Ha mejorado la situación fiscal	4,8	38,5	3,6	45,9	7,3	100,0
Ha modernizado las instituciones públicas	4,8	34,2	4,4	49,1	7,5	100,0
Ha mejorado la seguridad ciudadana	4,2	23,1	3,5	51,6	17,5	100,0

En el ulterior cuadro se presentan diversos aspectos para comprender las cartografías del declive de la institucionalidad y de las funciones del Estado[37] en una primera lectura se podrían ubicar las relaciones entre apartados como los referidos al rubro fiscal (disciplina y reforma), y priorización del gasto público presentes en la propuesta del Consenso de Washington.

Una segunda lectura, puede dar más consistencia a lo planteado, pues los datos ponen entre paréntesis cualquier criterio de presunta efectividad aún pensando en esos términos, el balance en lo que corresponde en modernización de las instituciones públicas (49,1% en desacuerdo con las acciones realizadas por el gobierno) pone en evidencia que en relación al tema hay una marcada división de criterios. Y si se piensa siguiendo este criterio el desacuerdo persiste cuando se lee sobre el control de la inflación (47,8%), control del gasto público (47,1%), y mejoras en la situación fiscal (45,9).

 Puede pensarse como una tesis un tanto aventurada y para la cual se requerirían más datos que la consistencia de las matrices de los fragmentos de la narrativa del desarrollo caen ante el peso de lo percibido, la coherencia y la continuidad de más de veinte años de políticas de ajuste estructural se pone en entredicho no por el estancamiento o la inercia Estatal, lo cual había sido asumido como un a priori y que no se lee como consecuencia de las reformas propuestas desde la narrativa del desarrollo, sino por las contradicciones que implicaba su implementación o por los costos políticos de llevarlas a cabo.

La segunda República fundada entre silencios, olvidos y pactos garantes de salud y seguridad social se manifiestan contradicciones cuando al respecto del tema de salubridad se observan datos que reconocen acuerdo en que se han conseguido mejoras en las condiciones de salud (48,4%), pero se ve también la imagen del equipamiento de los hospitales en la cual la población encuestada manifiesta su desacuerdo (49,6%). El balance sigue en el plano del desacuerdo cuando se leen los datos en cuanto al impulso de mejoras salariales (54,8%), ese imaginario fundante en el que salud y las garantías sociales eran medulares de la segunda república parece diluido ante las manifestaciones del influjo de un discurso sobre el desarrollo asumido en las últimas décadas, y su relación con eso que se ha llamado narrativa del desarrollo.

La última escena la que remite al ámbito de la seguridad ciudadana en la cual la población encuestada deja ver su desacuerdo (51,6%) sobre las acciones implementadas por el gobierno, lo que resulta discernible del dato es la carencia de seguridad.

No obstante podría resultar importante considerar el lugar que se ha venido dando a la seguridad y al reclamo por las mejoras en ese ámbito en el discurso de los gobernantes y analizar la tesis en la que esta se convierte en nodo a partir del cual articular una propuesta y montar un nuevo eje discursivo para la narrativa del desarrollo vigente, el espacio hilvanado por la carencia de seguridad y la institución del miedo adquiere los contornos de una empresa política y de la emergencia de viejos actores renovados a la vera de este discurso rescatado del deván de encuestas y de recurrentes imágenes violentas en los medios. Para esta labor es necesario recurrir a datos de otra naturaleza y otros procedimientos, pero no es una tesis que se deba descartar de entrada, pues la lectura de la inseguridad tiene usos políticos diversos.

Principales problemas a los que debe dar prioridad el gobierno. 2007
(n=600)
Problemas	%
Inseguridad ciudadana (delincuencia, robos)	65,4
Pobreza y desigualdad. ayudar a la gente pobre	26,0
Problemas en el sistema de salud	18,3
Problemas en el sistema educativo	15,5
Falta de empleo, abrir más posibilidades de trabajo	14,9
Mal estado de las carreteras e infraestructura pública	10,6
Alto costo de la vida,control de la inflación	6,6
Problemas en vivienda.	6,4
Drogadicción	4,4
Problemas de la economía nacional	3,4
Corrupción	3,2
La inmigración, controlar más migraciones	2,7
Aprobación del  TLC	2,6
Problemas fiscales, bajar los impuestos	2,4
Problemas salariales,aumentos salariales	2,0
Defensa de grupos vulnerados	1,5
Problemas ambientales	1,0
Reforma institucional	0,8
Alto costo de los combustibles, alzas en  el petróleo	0,5
Fomentar mejores condiciones para el turismo	0,3
Rechazo del TLC	0,5
Otros.	7,1
Ns-nr.	3,7

En este cuadro la lectura de los problemas inicia por el problema de inseguridad ciudadana (65,4%), le subsiguen la pobreza y la desigualdad (26,0%), problemas en el sistema de salud (18,3%), problemas en el sistema educativo (15,5%), falta de empleo (14,9%) y mal estado de la infraestructura pública (10,6%), los primeros cuatro dan cuenta de problemas estructurales, que han sido instrumentados en campañas electorales, el tema de inseguridad como se anotó antes articula ese esfuerzo por ponerse en la palestra, en la periferia instancias que mudan de lugar la lista de aquello a lo que debe dar prioridad el gobierno, la lista como tal remite a un ejercicio de clasificación de la urgencia y la importancia con respecto a los problemas.

Debe leerse con atención los desplazamientos en cuanto porcentajes e importancia atribuida a los rubros correspondientes a problemáticas como la inflación (6,6%), los problemas salariales (2,0%), de vivienda (6,4%), fiscales (2,4%), la aprobación (2,6%) o el rechazo (0,5%) del TLC.

Lo estructural referido en temas como la desigualdad, lo referente a la falta de empleo y las carencias del sistema salud y de educación, aparecen como pendientes en su atención a nivel estatal, la percepción de los mencionados problemas refiere a su vez precisamente a una imagen de Estado que es producto de la materialidad y consecuencias de un estilo de desarrollo determinado.

Se puede hacer paréntesis y acotar que son precisamente estas áreas en las que el ajuste estructural en las fórmulas de la “priorización del gasto público”,  privatización y la desregulación tienen consecuencias particulares, cuando se habla de priorización del gasto público se utiliza un eufemismo para nombrar una forma justificada de reducción de presupuestos en educación pública y salud, pues lo asintóticamente ideal es reducirlos a lo primario (universalización del acceso a la educación primaria y atención primaria en servicios de salud)[38], en consecuencia con ello la privatización se propone para alivianar el peso sobre el presupuesto del Estado, en cierta forma son propuestas complementarias, por un lado el Estado iniciaría un proceso de reducción presupuestaria en sector salud y educación y por el otro emergen empresas que los convierten en servicios, una inversión discursiva e ideológica convirtió derecho en servicio, en ese tránsito lleno de los nuevos criterios mercantiles de eficacia y competencia para evaluar educación y salud obnubiló la discusión sobre el acceso.

La desregulación por su parte viene a reconfigurar las condiciones legales cuando se piensa en el plano de las inversiones, las garantías a los inversionistas y en las (contra)reformas laborales[39], los telones del empleo cambian, ya no sólo en las formas de carencia del mismo, sino en su calidad y temporalidad.

El crecimiento de la desigualdad y la pobreza no parece extraño en condiciones en las cuales la discusión las lógicas priorización del gasto público, privatización y desregulación hilvanan como consecuencias previsibles problemas de accesibilidad en lo referente a salud y a educación y de menoscabo de derechos laborales.

Distribución porcentual de entrevistados (as) según cúan de acuerdo están con el que el gobierno ha modernizado las instituciones públicas. 2008 (n=600)
Opción	%
Totalmente de acuerdo	4,8
De acuerdo	53,8
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4,8
En desacuerdo	40,0
Ns-nr	1,3

 

Plan Fiscal.

Distribución porcentual de la población entrevistada según si han oído acerca de la reforma fiscal. 2005 (n=600)
Respuesta	%
No	60,1
Sí	39,9

Distribución porcentual de entrevistados (as), según aspectos
que conocen del proyecto. 2005
(n=239)
Aspectos	%
Recaudación,cobro de impuestos	25,0
Fortalecimiento y formulación de más impuestos	20,6
Pago de impuestos que perjudica al pobre	6,4
Control,mayor control sobre evasión	5,6
Otro	4,0
Ns-nr	38,5
Total	100,0

El plan fiscal presente en la coyuntura de 2005 y la de años precedentes articulaba en su discurso la fuerza de la necesariedad de una reforma en el plano de la recaudación de impuestos, por ello no es extraño que este sea el aspecto más sobresaliente (25%) dentro de lo que población encuestada conocía sobre el mencionado plan, y que de forma subsiguiente el tema implicara también que se lo asociase con el fortalecimiento de los impuestos existentes y la formulación de más impuestos (20,6%), y que de forma subsiguiente se ubicara la disyuntiva en la cual esto perjudicaría a la población pobre (6,4%) y el tema de fondo, el discurso del control sobre la evasión fiscal (5,6%) quedará relegado en referencia a los primeros cuatro aspectos conocidos del plan fiscal, aunque en el plano de la propuesta política subyacía la idea esbozada por Williamson (1999;2002a; 2002b) en el Consenso de Washington en relación a ampliar la base disponible en lo referente a recaudación y de esa forma asegurar el financiamiento del Estado en lo que correspondía a materia fiscal.

Pero el escenario era otro, en el cual el declive del Estado –o de lo que se podría llamar función y papel del Estado- y la constancia de la imagen de inercia hacían más prolijo el suelo para asumir las imágenes centrales que expone el anterior cuadro, la de la formulación de más impuestos y en como ello perjudicaría eventualmente “al pobre”, entidad que abandona retratos de periferia y comienza a poblar en la escena cotidiana y adquiere más fuerza en los medios, por otro lado, el núcleo del discurso del plan se puede observar vigente en la idea general de la recaudación, el cobro y el mayor control sobre la evasión.